GOBIERNO VACÍO, ESTADO PRI-VATIZADO
Jesús Collins
Cuando un gobierno se propone gobernar democráticamente requiere de habilidades y capacidades políticas que le permitan realizar los compromisos necesarios para cambiar la naturaleza y la re-articulación del poder, y al mismo tiempo, demanda determinación y arrojo para alcanzar los objetivos nacionales.
En México, existe endémicamente un gobierno vació y un Estado debilitado. Un viejo sistema político que permanece ante una globalización avasalladora. En general, podemos afirmar que la eficacia del gobierno se percibe en el desempeño de algunas secretarias y, la presencia del Estado, se valora como la garantía del orden jurídico y por la existencia de buenos servicios públicos.
Un síntoma de esta parálisis decadente se manifiesta palmariamente en el atasco existente en el Congreso de la Unión. Sin embargo, la ingobernabilidad es un proceso crónico, más general, y que posibilita la captura-privatización del Estado por grupos de interés poderosos, internos y externos.
Gobernar para consolidar la democracia, implica tomar decisiones y promover objetivos políticos básicos: libertad como no-dominación, justicia-equidad como fundamento social y desarrollo económico productivo-sustentable. El desafió es triple: la libertad como no-dominación no esta razonablemente garantizada en México, y la justicia-equidad social y el desarrollo sustentable, no existen como alternativas factuales desde que fracaso el Estado burocrático-populista.
El gobierno foxista no tiene proyectos alternativos que resuelvan estas graves secuelas. Fue electo con base a una crítica básicamente desagradable --y desde luego, muy merecida--, a los gobiernos anteriores. Repite algunos aciertos y, sobre todo de manera patética, los errores de los gobiernos priístas. Todo esto viene a confirmar el tamaño de las dificultades para gobernar democráticamente a México.
Estas dificultades están sobredeterminadas por factores estructurales que se patentizan en indicadores institucionales. Las causas estructurales son bien conocidas: la dimensión del país, su extensión geográfica-poblacional, la crisis fiscal crónica, la insoportable concentración de la renta pública y una profunda pluralidad social, dadas las radicales y vergonzosas diferencias de clase.
La pluralidad social y las diferencias de clase, se equilibran en parte, por una lengua oficial predominante (las lenguas indígenas se consideran dialectos regionales) y una identidad cultural patriótica alimentada por caudillos muertos que no termina por consolidarse en una innovadora identificación política nacional, sobre todo, ante la apabullante American way of life.
Contrariamente de lo que sucede en EU y en otros países ricos, no esta claro para los mexicanos que el gobierno tiene como obligación defender el trabajo, el capital, la seguridad pública, y como país, la cohesión social básica que incluya a los mexicanos que trabajan, mandan dinero y viven en el extranjero. Necesitamos la certeza de que somos un país de derechos ciudadanos-humanos universales y no de garantías individuales concesionadas políticamente por un Estado pri-vatizado.
Otra dificultad estructural para gobernar democráticamente el país, se localiza en nuestra sociedad, sobre todo en sus elites intelectuales y sus grupos con intereses rentistas, y es que son dependientes del exterior e incapaces de re-pensar el país abierto que ahora somos --en función del nuevo interés nacional-- precisamente en la era de la mundialización. Las instituciones nacionales reflejan en la actualidad los desacuerdos de esa pluralidad social, las desgarradoras diferencias de clase y, en consecuencia, dificultan la gobernabilidad y el desarrollo democrático.
Las fallas e inadecuaciones en las instituciones electorales federales y especialmente en los estados, tienen particular importancia, ya que han inoculado en la sociedad mexicana los males públicos: la partidocracia y el transfugismo. La existencia de diputados plurinominales que obedecen servilmente a las direcciones de los partidos --y también, la no re-elección de diputados nominales y pluris --, promueven la elección de políticos rentistas sin efectiva representatividad pública ¿Qué serían los partidos políticos sin la franquicia (política y monetaria) que les suministra ese gran concesionario y filántropo mexicano llamado estadolatría?
Esta grave falla institucional facilita la elección de ‘políticos buscadores de negocios’ que solo pretenden enriquecerse de la ‘cosa pública’. Mientras tanto, queda establecida una muralla para la elección de políticos con vocación neo-republicana que están convencidos que para consolidar la democracia es importante, la re-elección (la competencia de proyectos políticos, económicos, sociales) y que la no-reelección es además un impedimento para asimilar el interés del público-ciudadano.
El reto para desarrollar la democracia mexicana, no es solamente cuidar como se accede al poder (sigamos vigilando el IFE), sino como se constituye el poder mismo (urge la reforma del Estado y la Administración Pública: fortalecimiento fiscal; refuncionalizar sus intervenciones; disminuir su producción de bienes y servicios aumentando el financiamiento de los mismos; redefinir el espacio público no estatal e instituir la evaluación ciudadana). Asombrosamente, la estadolatría es el priísta que la mayoría de los mexicanos llevan adentro. [Mx05|IX|14DF]