Los limites de la democracia mexicana
Jesús Collins *
Cuando un gobierno se propone gobernar democráticamente requiere de habilidades y capacidades políticas que le permitan realizar los compromisos necesarios para cambiar la naturaleza y la re-articulación del poder, y al mismo tiempo, demanda determinación y arrojo para alcanzar los objetivos nacionales.
En México, existe endémicamente un gobierno vació y un Estado debilitado. Una sociedad política corporativista enfrentada a una sociedad civil encogida y boicoteada. Se trata de un viejo sistema político que cambia lentamente ante una globalización avasalladora: el astuto discurso del exceso de productividad que hace competir a los Estados-Nación y que genera frustración y violencia.
En general, podemos afirmar que la eficacia del gobierno se percibe en el buen desempeño de algunas secretarias y, la presencia del Estado, se valora como la garantía del orden jurídico y por la existencia de buenos servicios públicos. Una nación es un pueblo capaz de organizar solidariamente la vida social en forma de un Estado.
La ingobernabilidad es un proceso crónico, abarcativo, y que posibilita la captura-privatización del Estado por grupos de interés poderosos, internos y externos. Un síntoma característico de esta parálisis decadente se manifiesta palmariamente en el atasco existente en el Congreso de la Unión.
Gobernar para consolidar la democracia, implica tomar decisiones y promover objetivos políticos básicos: libertad como no-dominación, justicia-equidad como fundamento social y desarrollo económico-productivo sustentable. El desafió es triple: la libertad como no-dominación no esta razonablemente garantizada en México y, la justicia-equidad social y el desarrollo sustentable, no existen como alternativas factuales desde que fracaso el Estado burocrático-populista.
El gobierno foxista no tiene proyectos alternativos que resuelvan estas graves secuelas. Fue electo con base a una crítica básicamente desagradable --y desde luego, muy merecida--, a los gobiernos anteriores. Ciertamente, las tepocatas y las víboras prietas, nunca fueron presentadas ante el ministerio público.
Ha repetido algunos aciertos y, sobre todo de manera patética, los errores de los gobiernos priístas. Sin proyecto transformador de las instituciones autoritarias, de construcción cívica, ni de participación ciudadana, la pobreza programática del foxismo-panista se quedo colgada en el anzuelo de la alternancia electoral, la impunidad-corrupción y la cultura priísta del autoritarismo liberal: el ‘liberalismo social’ de Reyes Heroles-Salinas. Todo esto, viene a confirmar, el tamaño de las dificultades para gobernar democráticamente a México.
Estas dificultades están sobredeterminadas por factores estructurales que se patentizan en indicadores institucionales e internacionales. Las causas estructurales son bien conocidas: la dimensión del país, su extensión geográfica-poblacional, la crisis fiscal crónica, la concentración de la riqueza desfiscalizada y una profunda pluralidad e injusticia social, dadas las radicales y vergonzosas diferencias de clase.
La pluralidad social y las diferencias de clase, se equilibran en parte, por una lengua oficial predominante [las lenguas indígenas se consideran dialectos regionales] y una identidad cultural patriótera alimentada por caudillos muertos que no termina por consolidarse en una innovadora identificación política nacional, sobre todo, ante la apabullante American way of life.
Contrariamente de lo que sucede en EU y en otros países ricos, no esta claro para los mexicanos que el gobierno tiene como obligación defender el trabajo, el capital, la seguridad pública, la igualdad económica, la equidad de genero, las políticas públicas para jóvenes, la investigación en ciencia y tecnología, y como país, la cohesión social básica que incluya a los mexicanos que trabajan, mandan dinero y viven en el extranjero. Necesitamos la certeza de que somos un país de leyes que afirmen los derechos ciudadanos-humanos universales y no de garantías individuales concesionadas políticamente por un Estado pri-vatizado.
Otra dificultad estructural para gobernar democráticamente el país, se localiza en nuestra sociedad, sobre todo en sus élites intelectuales y sus grupos con intereses rentistas, y es que son dependientes del exterior e incapaces de re-pensar el país abierto que ahora somos --en función del nuevo interés nacional-- precisamente en la era del capitalismo globalizado. Las instituciones nacionales reflejan en la actualidad los desacuerdos de esa pluralidad social, las desgarradoras diferencias de clase y, en consecuencia, dificultan la gobernabilidad y el desarrollo productivo-democrático.
Las fallas e inadecuaciones en las instituciones electorales federales y especialmente en los estados [el Congreso de la Unión no modifico la ley electoral], tienen particular importancia, ya que han inoculado en la sociedad mexicana los males públicos: la partidocracia, el transfugismo y el parlamentarismo. Todos ellos, violentos atracadores del patrimonio público.
La existencia de diputados plurinominales que obedecen servilmente a las direcciones de los partidos --y también, la no re-elección de diputados nominales y pluris-- promueven la elección de políticos rentistas que cambian sus preferencias partidarias sin tener efectiva representatividad pública ¿Qué serían los partidos políticos sin la franquicia [política y monetaria] que les suministra ese gran concesionario y filántropo mexicano llamado estadolatría?
Esta grave falla institucional facilita la elección de ‘políticos buscadores de negocios’ que solo pretenden enriquecerse de la ‘cosa pública’. El parlamentarismo mientras tanto, ha establecido una muralla para la elección de políticos con vocación neo-republicana que están convencidos que para consolidar la democracia es importante la re-elección [la competencia–transparencia de proyectos políticos, económicos, sociales] y que la no-reelección, es además, un impedimento para asimilar el interés del público-ciudadano.
El reto para consolidar-radicalizar la democracia mexicana, no es solamente cuidar como se accede al poder [sigamos vigilando el IFE], sino como se constituye el poder mismo. En este horizonte de salida, apremia la re-construcción del Estado y la desburocratización de la Administración Pública: fortalecimiento fiscal del Estado; re-funcionalizar sus intervenciones; disminuir su producción de bienes-servicios públicos aumentando el financiamiento y la autonomía de los mismos; vigorizar la institucionalización del mercado; implementar la Gestión Pública; redefinir el espacio público no estatal e instituir la evaluación y la toma de decisiones ciudadanas.
Necesítamos ciudadanos que participen activamente en los asuntos políticos para que gestionen un nuevo Estado Republicano. Asombrosamente, la estadolatría es el priísta que la mayoría de los mexicanos llevan adentro. [Mx.05|IX|14.DF]