Seguridad pública
Los modelos de seguridad pública y los sistemas penitenciarios en nuestro país están rebasados. La situación de los reclusorios constituye una verdadera bomba de tiempo. Los últimos acontecimientos indican que estos problemas han rebasado la capacidad de respuesta del gobierno federal. La readaptación social es un concepto inexistente, la corrupción ha sentado sus reales en el sistema carcelario, existe una deficiente aplicación de la justicia, criterios inadecuados y atrasados para enviar a alguien a la cárcel y sobre todo falta de voluntad política para resolver este grave problema.
En México existen 454 prisiones en 13 de las cuales, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, existe autogobierno de los reclusos. La misma CNDH indica que en 15 entidades el alcohol y las drogas circulan entre internos y personal de las prisiones
La población penitenciaria en las cárceles federales, estatales y municipales es de 200 mil 448 reos con una sobrepoblación de 43 mil internos; La mitad de los presos de México son procesados que esperan la sentencia de un juez; En el Distrito Federal, donde cada mes se suman 461 personas a la población penitenciaria, los reclusorios tienen una capacidad para 18 mil 340 presos, sin embargo están internados 29 mil 586 infractores (11 mil 248 más).
Los estados con mayo población penitenciaria además del Distrito Federal son Sonora, que tiene un total de reclusos de 13 mil 731 cuando su capacidad instalada es de 6 mil 476 reos, siendo su sobrepoblación de 7 mil 256; Estado de México con 16 mil 300 infractores presos, muy por arriba de la capacidad real de 9 mil 438, por lo que registra una sobre población de 6 mil 862; Baja California con una población recluida de 14 mil 625, a pesar de que su capacidad es apenas de 9 mil 315 lugares, por lo que su sobrepoblación penitenciaria es del orden de 5 mil 310 y, finalmente Jalisco con 12 mil 201 reclusos siendo su capacidad real de 8 922 siendo de 3 mil 279 los presos que integran su sobrepoblación.
Por lo que toca a otras entidades, en 19 más se registra sobrecupo.
De 400 mil policías que hay en el país, 250 mil elementos (63.7%) carecen de conocimiento y perfil de alta capacidad para ejercer sus funciones, la mayoría padece de diabetes, hipertensión y sobrepeso.
En el país existen 100 bandas perfectamente organizadas especializadas en el narcotráfico, 85% operan en la frontera norte, entre ellas destacan los cárteles de Ciudad Juárez, Sinaloa, Tijuana, del Golfo y del Milenio; 11% de los menores infractores son mujeres; El robo en supermercados, conocido como robo hormiga deja pérdidas de 5 mil millones de pesos anuales en centros comerciales (cifras de ANTAD)
Entre las propuestas que se han formulado para bajar la presión en el sistema de reclusorios destacan las siguientes: liberar 123 mil reos de baja peligrosidad, instaurar el sistema de “prisiones abiertas” para 73 mil personas, impulsar la “industria carcelaria” que permita autofinanciarlas, crear 8 penales de alta seguridad para 40 mil reclusos
Si bien el de la seguridad pública es un problema complejo, con múltiples impactos al desalentar la inversión, erosionar el estado de derecho, anular el esfuerzo en materia de salud, deteriorar el tejido social, por lo que su abordaje no se debe circunscribir al ámbito policial, existen acciones puntuales como el freno a la infracción de la ley, la violencia intrafamiliar, el abuso de los menores, la erradicación de los delitos sexuales junto con el combate al narcotráfico, al crimen organizado, a los delitos de cuello blanco son aspectos que deben atenderse sin dilación.
En forma paralela la realización de cambios de tipo legal para actualizar el marco normativo, la profesionalización de la policía, la implantación de un sistema único de registro a nivel nacional tanto de integrantes de los cuerpos policiales como de los delincuentes, la erradicación de los elementos policiales que no cubren el perfil, que son adictos al alcohol y a enervantes, la fiscalización de las políticas en este ámbito por parte de la sociedad civil, son algunos de los esfuerzos que deben desembocar en una nueva Conceptualización de la seguridad pública y en la implantación de nuevos modelos policiales