MANIFIESTO DE LA LIGA 24 DE ABRIL

La mañana del 24 de abril de 2005 tuvo lugar en México un acontecimiento histórico. Ese día marcharon por las calles del Distrito Federal, más de un millón 500 mil personas con el objetivo de rechazar el desafuero de Andrés Manuel López Obrador y su destitución como Jefe de Gobierno, decretada por la Cámara de Diputados y desaprobar el proceso penal en su contra por el desacato de una orden judicial para cancelar la construcción de un camino de acceso a un hospital en la zona de Santa Fe en la delegación Cuajimalpa.

La causa de este rechazo multitudinario es que atrás de estas acusaciones se ocultaba la pretensión de  marginar a este alcalde del proceso electoral de 2006 para renovar la presidencia de la República, por representar un proyecto de país muy diferente al que se viene aplicando desde 1982, y cuyo fracaso es ya de reconocimiento universal.

El acontecimiento, que por cierto, fue transmitido en vivo a través de internet a todo el mundo, es trascendente por muchas razones: Su carácter multitudinario, la defensa de la legalidad y del estado de Derecho, el mensaje acerca quien debe gobernar  y con que proyecto; la energía, la fuerza y la combatividad de los participantes, su repudio al intento de los responsables de del desastre económico y del quebrantamiento de las instituciones políticas por regresar a los Pinos y un cuestionamiento categórico al grupo de panistas que mal gobiernan al país.

El cuantioso número de participantes, provenientes de las 16 delegaciones de la Ciudad de México y su zona metropolitana, la incorporación de ciudadanos de las 33 entidades de la Federación, su composición multiclasista, su carácter amplio, mucho más allá de las fuerzas del Partido de la Revolución Democrática, su gran diversidad, definida por la presencia de niños, jóvenes, adultos, ancianos, campesinos, empleados, obreros, intelectuales, desempleados, homosexuales, lesbianas, discapacitados, profesionistas, políticos, funcionarios públicos, legisladores, activistas sociales, sorprendió a propios y extraños. Fue como una probadita del despertar del México bronco, o más aún, una expresión contundente del sentimiento de cambio que anida en el corazón de los mexicanos, un aviso del potencial transformador del movimiento de masas que ya no aguantan más y reclaman otro destino, una exigencia enérgica de que las cosas no pueden seguir igual.

La idea que unía a todos estos ciudadanos: además de su alto nivel de conciencia cívica y de su decisión de conducirse por el carril de la legalidad, era la evidente disposición a comprometerse aún más en la lucha por la democracia y la justicia.

Actualmente, alrededor del Partido de la Revolución Democrática y de Andrés Manuel López Obrador, dada su sensibilidad para representar los intereses de la nación, están nucleando políticos de diversos orígenes, movimientos sociales, expresiones regionales, organizaciones civiles, personalidades del arte, la cultura, la prensa, grupos representativos del empresariado, indígenas, dirigentes campesinos, agrupaciones de corte religioso, colectivos estudiantiles, asociaciones de comerciantes, partidos y sindicatos cuya dinámica ya los perfila como parte de lo que en el futuro se antoja como un gran frente político nacional, amplio, multipartidista y pluriclasista.

Además de la composición social heterogénea, de la magna caminata del Museo de Antropología al Zócalo de la Ciudad de México, se dejaba ver una enorme pluralidad política e ideológica. Entre sus participantes se apreciaban contingentes de diversas  posiciones políticas, diferentes grados de conciencia, muy variadas motivaciones, intereses y aspiraciones, cualidades que hacen del movimiento un conjunto abigarrado, amplio y representativo del mosaico político nacional.

En efecto, ahí se dieron cita partidos y grupos radicales con posiciones anticapitalistas, demócratas, nacionalistas revolucionarios, integrantes de lo que fue la llamada izquierda azul, librepensadores, anarquistas, grupos de cristianos militantes de la teología de la liberación y de otras iglesias paracristianas, exguerilleros,  roqueros, músicos y poetas, lo mismo que desempleados, madres solteras, contingentes del nuevo movimiento vecinal, campesinos, estudiantes de escuelas públicas y privadas. Todos portadores de un profundo patriotismo, cobijados bajo la bandera nacional.

La característica fundamental de la concurrencia, era expresar una demostración enérgica de rechazo a la ilegalidad y una muestra de la fuerza potencial que podrían alcanzar las protestas populares, pero, por sobre todas las cosas, pareciera que los manifestantes querían mandar un claro mensaje a la nación  en el sentido de que la defensa de la democracia y del respeto a los derechos políticos de los ciudadanos son asuntos de interés nacional.

Esta jornada cívica fue también un termómetro de los niveles alcanzados por la decepción, el enojo y la contrariedad que produce la forma tan irresponsable como es gobernado el país.

Lejos de ser un acto aislado y espontáneo, la manifestación fue como un poema, por su inspiración democrática, por su amor a la vida, por el orden propio de una acción perfectamente preparada, organizada y presidida por la idea de que, como manifestación de resistencia civil, sus acciones la encaminaría por la senda pacífica, bajo el amparo de la Constitución General de la Republica y si bien adquirió una enorme dimensión y evidenció la fuerza actual del movimiento popular, con tintes equivalentes a una insurrección popular, la decisión para que se observara de manera estricta la ley, se evitaran provocaciones y desmanes, se cumplió a cabalidad.

La marcha, evidenció como pocas expresiones anteriores, la preocupación cada día mayor de cientos de miles de mexicanos por la situación lacerante del país, con sus 60 millones de pobres, por el autoritarismo y la antidemocracia  gubernamental, por los 20 años de fracasos de política neoliberal, por la incapacidad, desidia e indolencia del gobierno para resolver las carencias actuales, acabar con la enorme desigualdad, dar respuesta a los problemas ancestrales, erradicar la corrupción gubernamental, acabar con la existencia de sueldos elevadísimos de legisladores, funcionarios, gobernadores presidentes municipales o dirigentes partidistas, como el del presidente y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que constituyen una verdadera ofensa nacional.

También encarnaba la reiteración por que se lleve a cabo la tantas veces aplazada reforma del Estado, para dotar a la nación de instituciones acordes con la situación actual, ya que muchas de las que ahora operan ya fueron rebasadas o están a punto de colapsarse como las dedicadas a la seguridad pública, a la procuración e impartición de justicia, educación, asistencia social, en cuyo nombre se cometen actos de latrocinio que escandalizan a la opinión pública.

La Marcha del Silencio recogía el clamor popular para implantar una nueva política social anclada en la creación de empleos, de una decidida política  de defensa del medio ambiente y de los recursos naturales, por una mayor seguridad pública, por la defensa del patrimonio nacional y de la empresa pública, contra la intención de privatizar la educación, la seguridad social y los fondos de pensiones.

Ese día los mexicanos, después de tanto contener su inconformidad, de soportar durante años la demagogia, el saqueo impune del erario público, los fraudes electorales y de padecer el control corporativo de sus organizaciones, hicieron una explosión de júbilo, sacaron su inconformidad, sus reclamos, sus agravios y sus palabras a la calle y las convirtieron en manifestación, quisieron darse un levantón, como si quisieran dejar de ser pisoteados, hacer un repaso de sus fuerzas, expresar su optimismo, negarse a perder la esperanza en el futuro. Se armaron de dignidad, orgullo y coraje para librar la batalla por el futuro de la nación.

Lo ocurrido el domingo 24 de abril de 2005, de ninguna manera puede constreñirse solamente al esfuerzo por impedir el desafuero o expresar el apoyo a un movimiento electoral, tampoco se trata únicamente, de empujar la postulación y el registro de una candidatura, mucho menos puede limitarse a la disputa de un puesto político, así se trate de la misma presidencia de la República, el asunto es más complejo, tiene implicaciones diversas porque fue la exigencia mas contundente para que se realicen  modificaciones profundas y urgentes a nuestra estructura política, a la orientación de la economía y a la política social. En una palabra, a lo que le tira el movimiento popular es a la Refundación de México.

Porque vistas bien las cosas, entendiendo la dimensión y la complejidad de los grandes problemas nacionales y teniendo presente un balance mínimo de los recursos con que contamos, resulta casi imposible resolver todas las carencias de México con una pequeña reforma, o con medidas dirigidas a un solo sector o región y mucho menos en el breve periodo de un sexenio, siendo realistas no se puede confiar en soluciones mágicas, falsas promesas o acciones voluntaristas por ser igualmente intrascendentes, vanas, e inviables. De ahí la necesidad de enfocar la transformación económica, política y social de nuestra patria con una visión global, integral, nacional, teniendo como actores fundamentales a las propias fuerzas de la sociedad organizada, en un proceso de largo plazo, y con la  idea de un cambio completo, cuidadoso, paulatino pero firme.

No es fácil esta estrategia pero es la mejor y para concretarla, la primera tarea es elevar la conciencia cívica de los mexicanos, educar desde ya a nuestros hijos y a las futuras generaciones en la idea de la participación política, del interés por la cosa pública, de actuar en función de objetivos estratégicos, de proponerse alcanzar un nuevo proyecto de nación luchando desde hoy, todos los años y los decenios que sean necesarios. En lo sucesivo no debemos entregar la plaza, no podemos deponer las armas ni arriar las banderas que son el respeto a la Constitución, la organización, la movilización y la participación conciente. Porque nadie va a realizar nuestra tarea, tenemos que ser artífices del cambio, arquitectos de nuestros destinos, dueños de nuestro futuro, responsables de lo que le acontezca a la nación.

Por ello se debe caracterizar la movilización popular del 24 de abril como un  nuevo marco de referencia para la dinámica política del país, un momento fundacional para construir una nueva sociedad, una nueva República. La gran marcha y su desenlace victorioso la hacen diferente a otros movimientos, por sintetizar y resumir muchos años de lucha en pos de la ampliación de los derechos constitucionales, de reclamos sociales y reivindicaciones económicas. Le da un jalón a los innumerables, heroicos y muchas veces insuficientes intentos por cambiar la realidad. A partir del 24 de abril, los anhelos populares adquieren otra calidad, emergen como tareas maduras e inaplazables, como proyectos viables y hasta visibilizan los caminos para concretarlos.

Por primera vez el movimiento popular tiene como impulso un acontecimiento positivo, una experiencia triunfal.

A partir de ahora, el 24 de abril será una fecha emblemática, una suerte de parteaguas que nutrirá la definición de una nueva era en pos de nuevo proyecto económico, alumbrará un periodo exitoso del movimiento social y es premonitorio de las grandes batallas que se avecinan y que influirán en la dinámica política, el desarrollo cultural y las relaciones sociales de los mexicanos.

Con toda seguridad la influencia de este movimiento democrático se dejará sentir en un periodo largo de tiempo. De ahí la importancia y la necesidad de elaborar una correcta lectura del fenómeno, de realizar un esfuerzo serio por desentrañar su significado, por entender su sentido, pues solamente así se podrán sacar las lecciones que iluminen el quehacer político cotidiano, la conducta social, el sentir de las masas en movimiento, sus aspiraciones, sus deseos, su estado de ánimo y convertirlo en referente para el diseño de políticas estatales e influir en el devenir de la interminable lucha de los mexicanos por alcanzar una sociedad libertaria, con alto nivel de desarrollo, justicia, progreso e igualdad.

Esta nueva situación política plantea con urgencia la necesidad de fortalecer al Partido de la Revolución Democrática y todas las organizaciones que luchan por la democracia, la soberanía nacional y la justicia; desarrollar a las organizaciones de la sociedad civil, a los sindicatos y a los movimientos campesinos; organizar a la población por barrio, colonia, sección electoral, delegación, municipio y estado, como única forma para que ese estado de ánimo, esta disposición a la lucha y esta inconformidad hecha conciencia, no sea flor de un día sino el inicio de una etapa en la que la intervención protagónica de la población se convierta en elemento permanente de la conducción política de nuestro destino nacional.

De ahora en adelante, la política en México debe dejar de ser una actividad exclusiva de camarillas, de mafias y de grupos burocráticos enquistados en el poder y convertirse en expresión del pueblo en movimiento. Los programas gubernamentales ya no deben ser ejercicios burocráticos o compendios de buenos deseos u ocurrencias de políticos que no conocen la realidad, sino plataformas que representen el consenso, las aspiraciones, los intereses, los deseos y la voluntad de la población para darle sentido, rumbo y contenido a la acción estatal, instrumentados bajo esquemas participativos, evaluados permanentemente con el afán de corregirlos o perfeccionarlos.

Ha sonado la hora de relanzar la lucha de la nación mexicana, de cambiar su destino, encaminarla hacia su plena modernización, empezando por la modificación del modelo de desarrollo económico para acabar con tanta desigualdad social, marginación, pobreza, desempleo, desnutrición  y lograr una más justa distribución del ingreso, contribuir a generar una mayor riqueza y convertir al mercado interno en el motor del desarrollo.

 Es inexplicable el hecho de siendo México un país sobredotado de recursos naturales, integrado por gente laboriosa y creativa, viva en condiciones de miseria, de pobreza, de polarización y desigualdad.

Hoy más que nunca la gobernabilidad debe sustentarse en el respeto a la ley, en la observancia de las garantías individuales, en el respeto a los derechos humanos, en una auténtica división de poderes, en el fortalecimiento de la institucionalidad, en el ejercicio gubernamental profesional, transparente, basado en un código ético que englobe valores como la honestidad, el patriotismo, la eficiencia y la eficacia, bajo la vigilancia y fiscalización de los órganos establecidos por la Constitución General de la República  pero ampliando esta facultad fiscalizadora a las organizaciones de la sociedad civil.

Solamente de esa manera la ciudadanía estará en condiciones de influir en las decisiones sobre el rumbo que debe seguir la acción de Estado en materia de economía, política, justicia, igualdad, defensa de la soberanía, seguridad pública, educación, salud, cultura, entre otras.

El nuevo proyecto de nación debe poner énfasis en el diseño de políticas públicas destinadas a mejorar las condiciones de vida de los indígenas, las mujeres, los ancianos, los discapacitados, las lesbianas y los homosexuales, a las madres solteras, a los huérfanos; Pero sobre todo, tiene que presentar opciones viables de empleo, educación, esparcimiento, deporte y recreación para la juventud, pues no podemos observar pasivamente que las mujeres tengan que protituirse o robar para darles de comer a sus hijos, que los jóvenes, víctimas del desempleo y de la falta de oportunidades, sean copados por la delincuencia y que para vergüenza de la nación constituyan la mayoría de los internos en las cárceles mexicanas.

Entre las tareas prioritarias que debe contemplar un Plan Nacional de Emergencia, las cuales deben  emprenderse en forma inmediata, se encuentra la defensa de los recursos naturales, la biodiversidad, el medio ambiente, la empresa pública, de la seguridad social, la educación y la salud, el apoyo a la ciencia y al desarrollo tecnológico.

El progreso no puede entenderse sin un decidido esfuerzo nacional para superar el rezago educativo y alcanzar una educación de calidad que nos permita ser más competitivos y lograr un mejor nivel de vida; de la misma manera se requiere la defensa y desarrollo de nuestra cultura, entendida también como una de las fuerzas motrices del cambio. En este sentido se debe defender, fomentar y desarrollar la crítica, la información, el debate, la reflexión a través de los medios, del cine, en la lucha política, en la escuela, en la familia, en el ejido, en la fábrica, en el barrio y en las iglesias.

El respeto al pluralismo, la inclusión, la tolerancia conforman un ambiente social que favorece la convivencia y la solidaridad y expresan la garantía para que las personas ejerzan libremente su religiosidad y su sexualidad, lo cual debe estar alejado de prácticas que fomenten marginación manipulación, odio o persecución.

Se debe erradicar la cultura de excluir, marginar o discriminar a compatriotas por razones de sexo, raza, nacionalidad, preferencia sexual, género o condiciones de discapacidad.

Ningún nuevo proyecto de nación será tal sino incluye como uno de sus componentes más importantes el respeto a las culturas, grupos, etnias y tribus, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, la implantación de las autonomías, la completa soberanía de los estados de la República, la dotación de mayores facultades a los gobiernos municipales, la adopción de políticas metropolitanas para responder a los nuevos problemas de más de 60 conurbaciones; la incorporación del referéndum, la iniciativa popular, el plebiscito, la rendición de cuentas, la revocación del mandato, fortalecer y transformar de manera radical las instituciones que se juegan el papel de árbitros de la vida nacional como el poder judicial, las procuradurías, los ministerios públicos, la Auditoria, Superior de la Federación, la Contraloría, las juntas de Conciliación y Arbitraje, entre otras.

Resulta totalmente inaplazable la reforma política del Distrito Federal, no hacerlo significa mantener a sus habitantes en el ostracismo político, en la condición de ciudadanos de segunda categoría y hasta resulta un contrasentido, toda vez que la ciudad capital ha sido espacio donde se han protagonizado las luchas más importantes por la democracia y la justicia social. Los chilangos siempre han asumido una actitud generosa en la búsqueda del bienestar para todos los mexicanos.

Sólo un pueblo unido y participativo, con una vigorosa economía, un gobierno legítimo, que goce de amplio prestigio y aceptación, puede hacerle frente a los retos de la globalización aprovechando las múltiples oportunidades que brinda pero rechazando cualquier forma de imposición que vaya en detrimento de la soberanía nacional, de la autodeterminación, del derechos al progreso, de la justicia, del trato respetuoso entre  gobiernos y la solidaridad y convivencia pacífica entre los pueblos.

Los cambios necesarios para lograr la modernización de México no están pensados para enemistarse con nadie. Nuestro pueblo tiene una tradición amistosa, pacífica y solidaria con todos los pueblos de la tierra y siempre ha sido partidario del arreglo pacífico de los conflictos y del concurso de las instituciones multilaterales para mejorar la convivencia, la cooperación y el apoyo al desarrollo. Por ello no esta demás reiterar la necesidad de fortalecer a la ONU como instancia de dialogo, negociación y acuerdos entre las naciones.

La elaboración colectiva de una nueva agenda nacional como punto de partida para condensar entre muchas fuerzas, un nuevo proyecto de nación, debe ser uno de los ejercicios prioritarios para rediseñar el tipo de nación que queremos y tiene mucho valor el llamado al diálogo, el intercambio, la confrontación, el debate, el análisis colectivo.

Las cosas no cambiaran por si solas, aún después de la histórica manifestación del 24 de abril, nada se tiene asegurado. Esa acción, aun con su importancia, no es suficiente. Es necesario organizar a la población, dotarla de un nuevo programa político para México, asumir la observancia de la Constitución como la primera tarea de los mexicanos y marco para cambiar la forma de gobierno.

Desde aquí hacemos un llamamiento a todos los compatriotas a participar activamente en estas jornadas para aprovechar la oportunidad que nos brida la historia de transformar de una vez por todas a nuestra patria.

Esta es la visión de los mexicanos que voluntariamente hemos decido organizarnos en la Liga 24 de abril, al hacerlo refrendamos nuestro compromiso ético de aportar los mejores esfuerzos para organizar y encausar el descontento de la población, reiteramos nuestra empeño y vocación por la causa de la democracia y la justicia social, nos definimos por la vía constitucional para realizar nuestro trabajo político, postulamos que para resolver los grandes problema nacionales se requiere del concurso lo mismo del Estado, el mercado y la sociedad, optamos por atender de manera simultánea los distintos problemas del país en un enfoque de corto, mediano y largo plazos, y finalmente, nos asumimos como parte de la generación que llevará a México por el derrotero de la justicia, el progreso, la defensa de la soberanía nacional y la reivindicación del estado de Derecho.